Los ataques consistían en engañar a las víctimas para que proporcionaran información personal, contraseñas y datos financieros, utilizados posteriormente para extraer dinero. La operación fue posible gracias a la colaboración de la Dirección de Ciberdelincuencia de Interpol, fuerzas del orden en Indonesia, Japón y Estados Unidos, y socios privados como el Instituto de Defensa Cibernética, Group-IB, Palo Alto Networks y Trend Micro.